EL IMPACTO DE LA PRISIÓN EN EL DERECHO HUMANO A LA SALUD MENTAL TRABAJO PRESENTADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL SEMINARIO ‘MÁS ALLÁ DE LA PRISIÓN’

Resumen

Este artículo aborda el impacto de la prisión en el derecho de las personas privadas de libertad y sus familias a disfrutar del máximo nivel posible de salud mental. Argumento que: Las condiciones penitenciarias, tal como existen en la mayor parte del mundo, violan el derecho humano de toda persona a disfrutar de las condiciones sociales necesarias para alcanzar el máximo nivel posible de salud mental (es decir, los determinantes sociales de la salud mental). También violan el derecho a la salud mental de los familiares, especialmente de los niños. El derecho a los determinantes sociales de la salud mental es un derecho justiciable, que los Estados están obligados a respetar, proteger y garantizar en virtud de tratados internacionales de derechos humanos ampliamente ratificados. El derecho de una persona a disfrutar del máximo nivel posible de salud mental no desaparece simplemente por estar en prisión. El derecho de los niños a disfrutar del máximo nivel posible de salud mental no desaparece porque su padre o madre esté en prisión. Los derechos existen, pero solo en teoría, porque no se están cumpliendo. El sistema penitenciario y de justicia penal es responsabilidad del Estado. Los riesgos para la salud mental que plantean las condiciones penitenciarias actuales son bien conocidos. El impacto del encarcelamiento parental en los niños es bien conocido. Sin embargo, rara vez se exige responsabilidades a los Estados por no abordar el impacto del encarcelamiento en el derecho a la salud mental de los reclusos y sus familias. Para promover una implementación más inclusiva del derecho a la salud, los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos deberían exigir a los Estados que proporcionen datos desglosados sobre el impacto del encarcelamiento en el disfrute de los determinantes sociales de la salud mental de los reclusos y sus familias, utilizando criterios como la raza, el género, la edad, los ingresos y el vecindario. Estos datos podrían ser utilizados por la sociedad civil como un argumento adicional en apoyo de las campañas existentes para la abolición (o un cambio radical en el sistema de justicia penal) y para promover un cambio transformador hacia la justicia racial y la igualdad en el disfrute del derecho a la salud.